Oponerse al robo israelí de propiedades árabes en Jerusalén

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La política de registro de tierras en Jerusalén acelera la anexión y el acaparamiento de tierras de Israel

Esta es una petición escrita por palestinos en Palestina que están alarmados por la actual agresión de la entidad sionista contra sus propiedades en Jerusalén. Este es un esfuerzo descarado para expulsar a los palestinos de la Ciudad Santa de Jerusalén, que es y ha sido su capital durante milenios. Israel está confiscando propiedades palestinas en Jerusalén en virtud de una nueva ley que se describe a continuación, mientras que los residentes están siendo atacados por colonos ansiosos por apoderarse de sus hogares y de los agentes de las FDI. Los detalles están en la propia petición.

La petición está patrocinada por: Campaña internacional para defender Jerusalén, y Organizaciones palestinas de derechos humanos y derecho internacional, en cooperación con las principales organizaciones de derechos humanos de Arab.  Vea la lista completa a continuación.

Esta petición se enviará a: el Secretario General de la ONU, CSNU, CDH, Comité de Derechos Humanos de la UE, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y redes de medios.

Nosotros, las personas y organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y condena de los continuos intentos de Israel de afianzar su anexión ilegal de la Jerusalén ocupada mediante la implementación de su plan de registro y asentamiento de títulos de propiedad. Esto es el resultado del régimen Israeli de apartheid discriminatorio generalizado e con impunidad por sus crímenes y violaciones de derecho internacional, incluida la apropiación de tierras y propiedades, desplazamiento forzado y despojo, y negación de los derechos inalienables palestinos de retorno, reclamación de propiedad, y autodeterminación, con el objetivo final de alterar el carácter demográfico de la ciudad en favor de una mayoría judía.

Desde 1948, Israel ha violado repetidamente el estatus protegido de Jerusalén bajo derecho internacional, así como el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, con Jerusalén como su capital. Recientemente, Israel ha acelerado sus esfuerzos para establecer un mayor control y dominación sobre Jerusalén a través de políticas de planificación urbana arbitrarias y discriminatorias, decisiones administrativas y leyes. Tales medidas incluyen la promulgación de un título de propiedad, un plan de asentamiento y registro aplicable a las tierras de la zona oriental de Jerusalén.

Específicamente, el 19 de marzo de 2018, el Director de Registro de Tierras del Ministerio de Justicia de Israel anunció la apertura del registro obligatorio de tierras para las partes orientales ocupadas de Jerusalén, incluso en los barrios de Beit-Hanina, Sour Baher, Sheikh Jarrah, Hizma, Shuafat y al-Souwneh (Monte de los Olivos). En su resolución 3790 de 13 de mayo de 2018, titulada “Reducir las disparidades socioeconómicas y promover el desarrollo económico en Jerusalén Oriental”, el gobierno israelí aprobó un presupuesto de cinco años con USD 650 millones para fortalecer su soberanía en la Jerusalén ocupada, de la cual aproximadamente USD 15 millones son asignados específicamente para la liquidación y el registro de títulos de propiedad. La oficina del Ministro de Justicia explicó que esta es “la primera aplicación práctica de soberanía desde el estado de las decisiones de Israel de extender su soberanía sobre Jerusalén Oriental tras la liberación del santo ciudad en 1967 ”, que viola el derecho internacional, incluida la prohibición de anexión en todas las formas, y el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y soberanía permanente sobre Jerusalén.

Para lograr dicho registro, los propietarios palestinos deben estar físicamente presentes en Jerusalén. En este contexto, Israel ha estado impidiendo activamente a los palestinos regresar a la ciudad para proteger su propiedad sobre sus tierras y propiedades a través del empleo de varias leyes, como la “Ley de Retorno” Israeli (1950), la Ley de Propiedad Ausente (1950) y la Ley de Nacionalidad (1952), junto con el entorno coercitivo que Israel ha creado para expulsar a los palestinos de Jerusalén. Como resultado, millones de refugiados palestinos se vieron obligados a abandoner Palestina desde 1948, y se les niega su derecho al retorno y han sido tratados como ‘propietarios ausentes’ por Israel. Además, muchos residentes palestinos de Jerusalén han sufrido revocaciones de residencia cuando no logran demostrar que Jerusalén es su “centro de vida” o se basan en el llamado “incumplimiento de lealtad ” a Israel.

Unidos en la protección de los derechos del pueblo palestino, pedimos la colaboración, Intervención internacional inmediata y eficaz para evitar que Israel lleve a cabo su título de propiedad plan de asentamiento y registro en la Jerusalén anexada que dará lugar a la apropiación de la tierra palestina por parte de Israel. La implementación de este plan obligará los palestinos para intentar demostrar la propiedad de sus propiedades, lo cual es procesalmente y económicamente costoso. Incluso si tienen éxito, se les pedirá que paguen cantidades ridículas de impuestos a la propiedad desde 1967 hasta el día de hoy, que la mayoría de los residentes palestinos de Jerusalén no pueden permitirse, lo que en última instancia condujo al traslado forzoso de la población ocupada.

Jerusalén ha sido controlada y anexionada ilegalmente por Israel desde 1949, incluida su parte oriental (“Jerusalén del Este”) en 1967, y desde entonces reconocida ampliamente como parte de los territorios palestinos ocupados, donde se aplica el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Debajo derecho internacional humanitario [Convenio y Reglamento de La Haya (1907) y el Cuarto Convenio de Ginebra (1949)], la potencia ocupante sólo puede requisar o confiscar propiedad temporalmente para las necesidades del ejército. Cualquier transferencia del propiedad inmueble privado, confiscado del ocupante, o su uso en beneficio de su propia población civil y economía, está absolutamente prohibido.

Se ha impuesto un entorno coercitivo a los residentes palestinos de Jerusalén, que enfrentan condiciones de vida difíciles y limitaciones a sus derechos a la libertad de movimiento y retorno, vivienda adecuada, residencia, reunión familiar y educación a diario. Esta dura realidad es el resultado de las políticas de Israel dirigidas al desplazamiento y el despojo forzosos, con la intención alterar el carácter demográfico de la ciudad mediante la ingeniería de una demografía judía mayoría en la ciudad mientras minimiza y reduce la presencia palestina en Jerusalén.

El plan de registro y asentamiento de títulos de propiedad de la tierra de Israel es parte integrante de su marco y políticas destinadas a la transferencia de población y la anexión permanente de Jerusalén.

La comunidad internacional ha declarado en repetidas ocasiones la anexión por Israel de las partes orientales de Jerusalén será nula y sin valor. En una resolución adoptada el 21 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU también se opuso al reconocimiento de Jerusalén, por parte de los Estados Unidos, como el capital de Israel.

POR LO TANTO, nos sumamos al llamado de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los derechos humanos y organizaciones de derecho internacional y asociaciones religiosas, a la comunidad internacional para proporcionar una respuesta protectora al:

● Reconocer y declarar que las leyes y políticas que Israel ha creado y continua mantener, formar parte de su régimen institucionalizado de dominación y opresión racial sobre el pueblo palestino en su conjunto, lo que equivale al crimen de apartheid;

● Intervenir de inmediato para evitar que Israel lleve a cabo el título de propiedad anunciado plan de asentamiento y registro en la Jerusalén ocupada que resultará en más apropiación permanente de la tierra palestina por parte de Israel y la transferencia forzosa de la población palestina ocupada, en violación flagrante del derecho internacional, y que si realizado, todas sus determinaciones son inválidas como hecho internacionalmente ilícito y todas sus las conclusiones son nulas y sin valor;

● Pidiendo a Israel que derogue de inmediato todas las leyes que ha promulgado para promover su política de transferencia de población y establecer y mantener una mayoría judía en Jerusalén en violación de los derechos fundamentales de los palestinos, incluido su derecho a la libre determinación y el derecho a devolver y reclamar sus propiedades, incluida la Ley de Propiedad Ausente (1950);

● Impedir que Israel aplique su legislación nacional al ocupado e ilegalmente anexada Jerusalén, incluida por la Ley de Propiedad Ausente (1950) y todas las demás leyes, incluida el Ley de Residencia (1952);

● Hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional por su plan de propiedad título, asentamiento y registro, en particular la apropiación de propiedades palestinas bajo la ley ilegal de “ausencias” y otras leyes que dan lugar a la privación de derechos inalienables de los palestinos, incluso mediante el apoyo de a una investigación exhaustiva sobre la situación en Palestina por parte del Tribunal Penal Internacional;

● Pidiendo a los estados miembros de la ONU que se aseguren de todas sus resoluciones anteriores sobre Jerusalén y los derechos inalienables de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y a la restitución de sus propiedades, sean respetados y cumplidos, y que Israel respete e implemente dichas resoluciones;

● Pidiendo a los estados miembros de la ONU que asuman sus obligaciones internacionales de cooperar para poner fin de la anexión Israeli, del régimen de apartheid y de la empresa colonial de los colonos, y no dar reconocimiento ni asistencia, mediante la adopción de medidas efectivas, incluidas sanciones, para este propósito.

Organizaciones firmadas: Campaña internacional para defender Jerusalén, Al Haq, Centro de Medios de Derechos Humanos y Democracia – Palestina, Coalición Nacional Unida contra la Guerra – Estados Unidos, La Fundación Palestina – Pakistán, Movimiento Palestina Libre- Estados Unidos, Asamblea de un estado- Estados Unidos, El Centro Yemení de Derechos Humanos – Yemen, Alianza Negra por la Paz- Estados Unidos, más Organizaciones firmadas